Nosotros, el Pueblo, somos los soberanos. Nunca entregamos a los jueces nuestro poder soberano más crucial para controlar nuestra frontera y población. No existe un debido proceso constitucional relacionado con la expulsión de personas ilegales. Nosotros, el Pueblo, podemos proporcionar el debido proceso legal a través de nuestros representantes electos en el Congreso. Cualquier orden judicial que dicte una sentencia contraria es el robo más grave de nuestro poder soberano. Es una línea roja.